Por otra parte, durante la audiencia pública a David Murcia, Daniel Angel Rueda y Margarita Pabón, la Fiscalía demostró la doble contabilidad y soportes tachados en DMG.

El organismo judicial entregó pruebas del incremento de patrimonio injustificado por parte del creador de la empresa captadora.

La Fiscal se centró en hacer una contextualización de cómo se inició el sorprendente negocio de Murcia. Y es que, según la Fiscalía, se encontraron préstamos de Murcia, de su mamá, Amparo Guzmán de Murcia, y de Johanna Ibeth León, su esposa, a la firma DMG. El hecho no sería relevante de no ser porque fueron préstamos que se cancelaron el mismo día.

¿Qué sentido tiene, -se preguntó la Fiscal- que sus accionistas le presten dinero a DMG y esta se los devuelva el mismo día? Esta es una actividad propia del lavado de activos".

La doble contabilidad, según las Fiscalía, manejada por David Murcia, se ha reflejado también en distintas interceptaciones que tienen las autoridades, particularmente una conversación de Murcia con una mujer conocida como 'Lina'.

En esta comunicación, que tuvo ocasión el pasado 13 de agosto del 2008, queda en evidencia una contabilidad A y una B. Murcia le insiste a 'Lina', según la Fiscal, que 'Fino' debe ver la contabilidad B y no la A.

Se trata de Guillermo Fino, el ex director del Seguro Social, quien, de acuerdo a lo que se ha revelado del caso, fue una de las personas buscadas por la abogada Margarita Pabón, capturada el pasado miércoles, para que la asesorara en la presentación de documentos tributarios.

"Lo que se quería era legalizar un dinero que se quería ocultar". A ello, la fiscal del caso, hizo alusión a la actividad comercial de David Murcia Guzmán en el 2005, cuando tenía unos modestos ingresos como camarógrafo, y súbitamente pasó a tener sueldos millonarios.

Documentos encontrados por las autoridades dan cuenta de que David Murcia promocionaba videos y ganaba 309 mil pesos. Pasó, sin que pudiera justificarse, a ganar 6'406.000 pesos.  

La Fiscalía reveló en la audiencia que existen varias conversaciones entre Murcia y William Suárez Suárez, su cuañado, en la que hablan sobre la incautación de 1.000 millones de pesos en Cartagena. Suárez le dice que si tiene problemas, que le avise y el habla "con los generales con los que tengo contacto".

En otra de las grabaciones que reveló la Fiscalía, aparece una entre un asistente de David Murcia y Daniel Ángel, quien dice que ya habló con Murcia y manda a decir que necesita 760 millones de pesos para hacer "lobby en el Congreso" para que aprueben "lo de las prepago (las tarjetas)".

El empresario, de 28 años, quien fue deportado de Panamá, deberá responder por los delitos de enriquecimiento ilícito, captación ilegal de dinero y lavado de activos, que le imputa la Fiscalía.

Murcia fue capturado el miércoles por la noche y deportado el jueves en la madrugada a Colombia. Llegó a Cartagena, donde estuvo unas horas antes de ser trasladado a Bogotá.

Usuarios de la desmantelada empresa chocaron con la policía en Bogotá, al tiempo que un juez legalizaba la captura de David Murcia Guzmán, presidente de la polémica compañía.

Cientos de clientes de la empresa se agolparon desde tempranas horas en los alrededores del estadio de fútbol El Campín, luego de que el gobierno los citara para iniciar los trámites hacia una eventual devolución del dinero captado por DMG Grupo Holding S.A, intervenida en Colombia en el marco del escándalo de las "pirámides financieras".

De todas maneras, el presidente colombiano Alvaro Uribe advirtió en la noche del miércoles que "es muy posible que muchos de los que pusieron dinero allí lo pierdan".

Los disturbios se desataron tras demoras en la atención, falta de información sobre la forma de realizar el trámite y la presión de algunos para que los usuarios no atendieran la solicitud gubernamental.

La tensión llevó a los manifestantes a interrumpir el tráfico de una importante vía que conecta el norte con el sur de la ciudad, lo que provocó una fuerte reacción de la policía antimotines que disolvió el bloqueo lanzando gases lacrimógenos, constató un reportero de la agencia Afp.

Las autoridades sospechan que DMG, que dice tener unos 200.000 ahorristas y ofrecía rentabilidades de hasta el 150%, usaba recursos provenientes del lavado de activos del narcotráfico.

Un hombre que se identificó solamente como José María, advirtió que si el gobierno no responde, se armarán para salir a reclamar su dinero.

"No vamos a aceptar perder nuestro dinero, si tenemos que salir armados lo vamos a hacer para que nos lo entreguen", declaró este hombre, que dijo haber invertido en DMG 10 millones de pesos.

Por su parte Blanca Rodríguez, que según ella invirtió hace seis meses un total de 30 millones de pesos (12.900 dólares), dijo que no va realizar el trámite exigido por las autoridades porque "yo no firmé nada con el gobierno".

Tras culpar al presidente Álvaro Uribe de la situación, dijo que "esa empresa (DMG) era buena, el gobierno tiene que entregarme todo mi dinero", puntualizó.

La posición de José María y de Rodríguez se multiplicaba entre los usuarios de DMG que acudieron al estadio, entre los que se encuentran quienes se endeudaron con bancos o empeñaron sus casas para ingresar ese dinero en la intervenida empresa, según  testimonios a periodistas.

La intervención de DMG se enmarca dentro del escándalo desatado hace unos meses en el país tras la quiebra de las primeras 'pirámides' financieras (empresas ilegales captadoras de dinero que ofrecen rendimientos de hasta 300%, con la multiplicación de clientes).

El cierre de varias 'pirámides' -algunos de cuyos dueños huyeron con el dinero- generó graves desórdenes civiles la semana pasada en una decena de localidades del país, con un saldo de dos muertos.

La tensión persistía en varias ciudades del sur del país como Mocoa, capital del departamento de Putumayo, limítrofe con Ecuador y Perú, donde este jueves se mantenía un paro cívico.

DMG, que según el fiscal general de la Nación, Mario Iguarán, sustentaba su actividad con dineros ilícitos, nació en Mocoa. Allí, unas 20.000 personas marcharon pacíficamente el miércoles contra la decisión del gobierno de cerrar la empresa.

"La situación es crítica. Unas 20.000 personas, casi la mitad de la población, se volcó a las calles para exigir que reversen la medida porque DMG nunca les falló", dijo a la Afp Ricardo Paredes, asesor de la gobernación.

En Cali, los clientes de DMG anunciaron una marcha por el centro de la ciudad en respaldo de la empresa.

Con Afp